Detención de un activista durante el operativo de la Policía Federal, ayer en la Plaza de la ConstituciónFoto Ap (La Jornada. 14 septiembre 2013)

 

 

En México, maestras y maestros, al igual que los médicos y enfermeras del sector salud, tienen un contrato con el gobierno para prestar sus servicios profesionales. A lo anterior le conocemos como plaza base, lo cual es una conquista de los trabajadores, misma que se consiguió con la Revolución Mexicana y que se encuentra reglamentada por el artículo 123 de nuestra Constitución.

El 26 de febrero de 2013 se hicieron dos cambios importantes: al artículo 3º que se refiere a la educación y al artículo 73.

Uno de los cambios en el artículo 3º señala la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente, mencionando además, que se haría con pleno derecho a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.

A partir de la aprobación de la Ley, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Agrupación democrática de docentes, que no es el sindicato oficial) pidió ser escuchada por las autoridades y las comisiones de educación de las Cámaras y entró a un diálogo con la Secretaría de Gobernación. Se realizaron 10 foros por todo el país con una participación de más de 10,000 delegados y delegadas  que hicieron 400 propuestas. Mientras las y los docentes realizaban los foros, la propuesta de ley fue elaborada al vapor por la Secretaría de Educación Pública y presentada en la primera semana de abril a las cámaras.

Cuando las leyes reglamentarias fueron aprobadas, ninguna de la propuestas de los foros de la Coordinadora apareció. La Secretaría de Gobernación recibió los documentos pero nunca se presentaron en las cámaras; sólo administró el conflicto.Fue así como se tiraron al bote de la basura las propuestas para mejorar el sistema educativo nacional.

Las leyes reglamentarias (Ley General de Educación, Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y la Ley del servicio profesional docente) establecieron tres posibilidades de evaluación para los maestros en servicio. Sí en la tercera ocasión un o una docente no aprueba, será retirados definitivamente del trabajo escolar. Quiere decir que los estudios de Educación Normal o de la licenciatura en educacón realizados, aprobados y certificados, no serían garantía para la conservación de la plaza de trabajo.

Estas leyes reglamentarias cancelan también el derecho a protestas y a huelgas; al tercer día de ausencia injustificada, los docentes serán retirados definitivamente del trabajo, sin responsabilidad para el Estado. Asi evaden también su responsabilidad de pagar prestaciones de ley, tales como jubilación, liquidación, licencia por gravidez (en el caso de las compañeras embarazadas), seguro médico.

En el caso de docentes de nuevo ingreso, sólo hay derecho a dos exámenes. Si no lo aprueban, no podrán ejercer. Nuevamente se invalidan todos los estudios realizados.

En el caso del artículo 73 se contempla el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas para resolver los problemas de operación básicos, con el fin de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación dirigidos por el director de la escuela, con ayuda de los de padres de familia, maestros y alumnos en la resolución de retos. (Art 73 FRACCIÓN XXV y Art.28 bis de la LGE). Es decir, el Estado se deslinda de su reponsabilidad de resolver los problemas materiales de las escuelas, pasando esta tarea a los directores/as, madres y padres de familia

El problema se agrava cuando el estado tiene el poder para dictar lo que los medios de comunicación deben decir a la población y manipular la información, haciendo creer a la sociedad que el maestro es el culpable del desastre educativo. ¡¡¡Nada más falso!!! Los maestros de la CNTE han hecho propuestas viables, acerca de las necesidades que se viven día con día en las aulas de nuestro país, han creado un programa alternativo que exalta el rescate de la cultura nacional, promueve el trabajo colectivo, la asamblea como máxima autoridad para resolver los problemas de la comunidad, han diseñado libros de texto alternativos y  ha propuesto puntos específicos en los 10 foros de educación (además de otros espacios), donde participaron maestros rurales, investigadores de la UAM, UNAM y UPN, legisladores, autoridades educativas y sindicales, así como padres de familia y alumnos, surgiendo propuestas y resolutivos, mismos que, en acuerdo con el gobierno, se tomarían en cuenta para fortalecer las leyes a discutir.

A partir de estas burlas muchos docentes de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, principalmente, se vinieron a la ciudad de México para protestar y pusieron un campamento en el zócalo. Los maestros disidentes que protestan constantemente en las calles simplemente buscan el respeto a sus derechos laborales, defienden los frutos de la revolución, que ahora el gobierno considera una carga y pretende evadir su responsabilidad de pagar prestaciones de ley. Igualmente protestan porque se pretende ceder a los padres de familia la manutención de las escuelas, faltando así a su obligación de brindar una educación realmente gratuita. Obviamente las comunidades más afectadas, serán las más pobres del país.

El 13 de septiembre, en un proceso engañoso de negociación, los docentes que estaban en el zócalo fueron evacuados con lujo de fuerza por la policia federal. Se usaron gases lacrimógenos directamente y desde helicópteros. Se realizaron detenciones arbitrarias. Muchas maestras y maestros fueron golpeados, pateados y lastimados. Tres mil seiscientos integrantes de la Policía Federal arrasaron con la plaza.

 

 

El desalojo violento no respetó los derechos humanos de las maestras y los maestros que fueron brutalmente reprimidos. Los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología que salieron a las calles a protestar por la violencia contra el plantón de docentes fueron agredidos desde helicópteros que les lanzaron gases lacrimógenos y de extinguidores.

Protestamos enérgicamente por el uso de la fuerza para intentar callar la voz de docentes comprometidos que, a través del diálogo, defienden su trabajo y el derecho de la niñas, niños y jóvenes a una escuela digna, responsabilidad del Estado Mexicano.

Tere Garduño, México.